La justicia ordenó medidas cautelares sobre 18 inmuebles del antiguo parqueadero Padilla, un predio del centro de Medellín señalado de haber funcionado como núcleo financiero y logístico de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.
Veintisiete años después del operativo que reveló uno de los mayores entramados financieros del paramilitarismo en Colombia, la justicia volvió al parqueadero Padilla, ubicado en el centro de Medellín.
Un magistrado con funciones de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ordenó el embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo de los 18 inmuebles en los que fue dividido el predio original.
Los bienes, avaluados en cerca de $18.000 millones, quedaron a disposición del Fondo para la Reparación de las Víctimas.
El operativo que destapó el entramado
La historia comenzó el 30 de abril de 1998, cuando dos investigadores del CTI de la Fiscalía recibieron información sobre una camioneta que transportaría recursos y elementos hacia un campamento de las Autodefensas en Sopetrán.
Durante el procedimiento, los agentes hallaron:
- 150 uniformes camuflados.
- $3 millones en efectivo.
- Munición.
- Tres hombres armados, entre ellos un señalado jefe paramilitar.
Al seguir la ruta del cargamento, los investigadores llegaron al parqueadero Padilla, ubicado a menos de 500 metros del Centro Administrativo La Alpujarra.
El corazón financiero de las ACCU
En el segundo piso del inmueble, los agentes encontraron oficinas donde varias personas intentaban destruir documentos, archivos y disquetes.
El lugar funcionaba, según la investigación, como oficina central de las finanzas y la logística de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, estructura vinculada a los hermanos Castaño.
Entre las evidencias decomisadas había libros contables, documentos bancarios, nóminas, alias, fechas, montos y registros de empresas y personas que habrían entregado recursos a la organización.
El encargado de la contabilidad era Jacinto Alberto Soto Toro, alias ‘Lucas’, señalado de manejar directamente las finanzas del grupo.
Una investigación marcada por la violencia
El descubrimiento tuvo consecuencias mortales para los investigadores.
Sergio Humberto Parra, uno de los dos oficiales que participó en el allanamiento, fue asesinado un mes después mientras se desplazaba hacia su vivienda.
En total, 14 investigadores que siguieron las pistas relacionadas con el caso perdieron la vida. El otro agente que ingresó al parqueadero, Gregorio Oviedo Oviedo, fue amenazado y posteriormente tuvo que salir del país.
La violencia obligó a trasladar el expediente a Bogotá. Parte de las evidencias desapareció y la investigación permaneció estancada durante años.
Cuentas bancarias y empresas bajo la lupa
Pese a los obstáculos, los investigadores lograron identificar 495 cuentas bancarias relacionadas con el flujo de recursos hacia las ACCU.
También documentaron vínculos financieros con 61 empresas e identificaron a la Fundación por la Paz de Córdoba, Funpazcor, como una de las entidades presuntamente utilizadas para canalizar dinero hacia los bloques paramilitares.
El parqueadero Padilla quedó registrado en los expedientes judiciales como uno de los lugares desde donde se habría administrado el sostenimiento económico de las estructuras comandadas por los hermanos Castaño.
Justicia y reparación para las víctimas
El 23 de julio de 2026, agentes del CTI regresaron al predio para hacer efectivas las medidas cautelares decretadas por la justicia.
El objetivo es evitar la venta o transferencia de los inmuebles mientras se define su situación jurídica y destinarlos al Fondo para la Reparación de las Víctimas.
La decisión representa un nuevo avance judicial en un caso que durante décadas estuvo marcado por asesinatos, amenazas, pérdida de pruebas y retrasos procesales.