El Gobierno de Abelardo De La Espriella ordenó reactivar las órdenes de captura contra más de 30 cabecillas de las disidencias de las Farc y el ELN que habían sido reconocidos como gestores de paz. Alias ‘Calarcá’ está entre los principales objetivos.
Reactivan órdenes de captura contra exgestores de paz
El Gobierno de Abelardo De La Espriella tomó una decisión que marca un fuerte cambio en la política de seguridad del país: ordenó la reactivación de las órdenes de captura contra más de 30 cabecillas de las disidencias de las Farc y del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Los integrantes de estas estructuras habían recibido durante la administración anterior el estatus de gestores de paz, una figura que permitió suspender temporalmente medidas de aseguramiento mientras se desarrollaban acercamientos y procesos de negociación.
Con la nueva directriz, ese beneficio queda revocado y las autoridades deberán avanzar nuevamente en la ejecución de las órdenes judiciales.
Alias ‘Calarcá’, entre los principales objetivos
Uno de los nombres que aparece dentro de la lista es Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, señalado como uno de los principales líderes de las disidencias.
Su inclusión entre los objetivos de las autoridades representa uno de los puntos más relevantes de la decisión anunciada por el nuevo Gobierno.
La medida busca golpear directamente a las estructuras de mando de los grupos armados ilegales y recuperar la capacidad operativa de la Fuerza Pública frente a sus principales cabecillas.
Fuerza Pública recibe instrucciones
La reactivación de las órdenes de captura implica que las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación deberán coordinar las acciones necesarias para ubicar a las personas incluidas en la lista.
El objetivo es que las medidas judiciales puedan ejecutarse y que los exgestores de paz vuelvan a responder ante las autoridades correspondientes.
El Gobierno plantea así una estrategia de seguridad basada en una mayor presión contra las estructuras armadas y sus principales dirigentes.
Un giro frente a la política de Paz Total
La decisión representa un cambio significativo frente a la política de Paz Total desarrollada durante el Gobierno anterior.
El estatus de gestor de paz había sido utilizado como una herramienta para facilitar conversaciones con integrantes de grupos armados. Ahora, la administración De La Espriella apuesta por reactivar las acciones judiciales y operativas contra quienes hacen parte de esas organizaciones.
El anuncio ocurre además después de recientes operaciones de seguridad, entre ellas la muerte de alias ‘Max Max’, resultado que el Gobierno ha presentado como parte de su nueva estrategia contra las estructuras criminales.
¿Qué puede pasar ahora?
Con las órdenes de captura nuevamente activas, las autoridades tendrán que intensificar las labores de inteligencia y seguimiento para localizar a los exgestores de paz que quedaron nuevamente bajo requerimiento judicial.
La decisión también podría tener consecuencias sobre los procesos de diálogo que eventualmente continúen con las organizaciones armadas, al cambiar las condiciones bajo las cuales sus representantes habían participado en los acercamientos con el Estado.
Por ahora, el mensaje del Gobierno es claro: la estrategia de seguridad tendrá como prioridad la persecución de los cabecillas de las estructuras armadas ilegales.
