UNP retira seguridad a Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral
La entidad revisó los niveles de riesgo y decidió terminar los esquemas que tenían los tres beneficiarios
Bajada: La Unidad Nacional de Protección retiró las medidas de seguridad luego de una nueva evaluación de los casos, que habían generado polémica durante los últimos meses.
La Unidad Nacional de Protección (UNP) ordenó retirar los esquemas de seguridad que tenían Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral, luego de realizar una nueva evaluación sobre las condiciones de riesgo de cada uno.
La decisión se conoce este viernes 28 de agosto y pone fin a unas medidas de protección que habían sido asignadas durante el anterior Gobierno nacional y que generaron cuestionamientos por las circunstancias en las que fueron otorgadas.
La revisión hace parte del procedimiento mediante el cual la UNP determina si las personas protegidas todavía cumplen las condiciones necesarias para mantener recursos estatales destinados a su seguridad.
Tres personas quedaron sin sus esquemas
La decisión cobija a Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral.
Los tres habían recibido medidas de protección y contaban con diferentes recursos destinados a garantizar su seguridad.
Después de revisar nuevamente sus casos, la UNP determinó que no existían elementos suficientes para mantener las medidas bajo las condiciones anteriores.
La decisión se tomó después de revisar el riesgo
La entidad analiza diferentes variables antes de mantener o retirar un esquema.
Entre los factores considerados se encuentran las condiciones particulares de cada persona, las amenazas conocidas y el contexto en el que desarrolla sus actividades.
La nueva evaluación terminó con la decisión de retirar los esquemas de los tres beneficiarios.
Los casos habían generado polémica
La asignación de protección a estas personas había sido objeto de críticas y cuestionamientos públicos.
En especial, se discutió la utilización de recursos públicos para proteger a personas que no ocupaban cargos públicos en el momento en que recibieron las medidas.
Gabriela Muñoz defendió la necesidad de protección
El caso de Gabriela Muñoz había generado una fuerte discusión pública durante agosto.
La joven había explicado que las medidas de seguridad respondían a amenazas que, según sostuvo, habían sido denunciadas ante la Fiscalía.
Muñoz dijo que las amenazas estaban denunciadas
En declaraciones públicas, Muñoz aseguró que las amenazas en su contra estaban documentadas.
También señaló que las autoridades habían intervenido previamente en la evaluación de su situación de seguridad.
Tenía dos escoltas y un vehículo
El esquema asignado a Muñoz incluía un vehículo convencional, dos escoltas y un chaleco antibalas.
La medida había sido asignada el 26 de junio de 2026.
Su cercanía política generó cuestionamientos
La discusión sobre su protección coincidió con denuncias y cuestionamientos relacionados con su cercanía al expresidente Gustavo Petro y con su presunta influencia dentro de la Aeronáutica Civil.
Muñoz ha rechazado las acusaciones y ha defendido públicamente su actuación.
Juliana Guerrero también pierde la protección
Juliana Guerrero es otra de las personas a quienes la UNP retiró el esquema.
Su caso había sido discutido desde meses atrás debido a que recibió protección pese a no ejercer un cargo público al momento de la asignación.
Su esquema ya había sido objeto de debate
En abril se conocieron detalles de la resolución mediante la cual la UNP había establecido las medidas para Guerrero.
La información publicada entonces señalaba que contaba con un vehículo blindado y dos escoltas.
Guerrero ha enfrentado varias controversias
Su nombre ha estado relacionado con diferentes investigaciones y denuncias.
Uno de los principales casos corresponde a la controversia por un supuesto título universitario utilizado para aspirar al cargo de viceministra de Juventudes.
También ha sido mencionada en otros procesos
Además de la controversia por sus estudios, Guerrero ha sido vinculada públicamente a investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades y actuaciones dentro de entidades estatales.
Estas situaciones han mantenido su nombre en el centro del debate político nacional.
Beto Coral también pierde el esquema
La decisión de la UNP incluye al activista y creador de contenido Beto Coral.
Coral había recibido medidas de protección y ahora también deberá dejar el esquema que tenía asignado.
Su protección había generado dudas
El esquema de Coral también había sido cuestionado debido a las circunstancias en las que fue otorgado.
La UNP revisó su situación dentro del mismo proceso adelantado para los otros dos beneficiarios.
La revisión terminó con el retiro
Después de analizar nuevamente su nivel de riesgo, la entidad determinó retirar las medidas de protección.
Coral podrá utilizar los mecanismos establecidos para controvertir la decisión, de acuerdo con los procedimientos correspondientes.
¿Cuánto costaban estos esquemas?
La discusión sobre el costo de los esquemas también ha acompañado la polémica.
Fuentes del Gobierno han señalado que las medidas de los tres casos representaban un gasto cercano a 40 millones de pesos mensuales.
No existe un desglose individual confirmado
Hasta ahora no se conoce públicamente un desglose oficial que permita establecer cuánto costaba exactamente el esquema de cada una de las tres personas.
Por eso, la cifra debe entenderse como una estimación global atribuida a fuentes gubernamentales.
La UNP administra recursos públicos
Los esquemas implican gastos relacionados con vehículos, escoltas, equipos de protección y logística.
La revisión periódica busca garantizar que estos recursos sean utilizados en los casos que cumplen los criterios establecidos.
La UNP continuará revisando esquemas
La decisión sobre Muñoz, Guerrero y Coral forma parte de las evaluaciones que la entidad realiza sobre las personas que reciben protección estatal.
El objetivo es determinar si las circunstancias que justificaron una medida continúan presentes.
Las medidas no son permanentes
Un esquema puede modificarse dependiendo de la evolución del riesgo.
La UNP puede aumentar, reducir o retirar las medidas cuando los estudios correspondientes indiquen que las condiciones han cambiado.
Los afectados pueden controvertir la decisión
La normativa contempla mecanismos para que las personas afectadas por una determinación puedan presentar recursos.
En los casos de Juliana Guerrero y Beto Coral se ha informado que cuentan con un plazo para solicitar una revisión de la decisión.
Una nueva amenaza podría cambiar el escenario
Si posteriormente aparecen nuevas circunstancias que eleven el nivel de riesgo, la situación podría ser nuevamente evaluada.
La protección estatal depende de las condiciones que establezcan los estudios correspondientes.
La decisión genera nuevas reacciones políticas
El retiro de los tres esquemas ocurre en un momento de alta discusión sobre el funcionamiento de la UNP y la utilización de los recursos destinados a protección.
Los casos de Muñoz, Guerrero y Coral habían sido utilizados como ejemplos dentro del debate sobre la asignación de seguridad estatal.
El Gobierno busca revisar el uso de recursos
La revisión de los esquemas se produce en medio de cuestionamientos sobre decisiones adoptadas durante el Gobierno anterior.
El objetivo de este tipo de procesos es verificar que las medidas correspondan a personas que realmente enfrentan las condiciones de riesgo establecidas por la normativa.
La polémica todavía no termina
Aunque la UNP tomó la decisión de retirar las medidas, los afectados todavía tienen mecanismos para controvertirla.
Por ello, el futuro de sus esquemas dependerá también de los recursos que sean presentados y de las evaluaciones que puedan realizarse posteriormente.
La seguridad dependerá de las evaluaciones
La protección estatal no se define únicamente por la exposición pública de una persona.
La UNP debe analizar técnicamente las condiciones de cada caso para establecer qué medidas corresponden.
Con la decisión conocida este 28 de agosto, Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral quedan sin los esquemas de seguridad que tenían asignados, mientras avanzan los posibles recursos y nuevas evaluaciones que puedan presentarse.
